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Seis asociaciones de jueces y fiscales han hecho público un comunicado conjunto en el que piden la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por considerarla una “ley de punto final”. La norma entra en vigor el 5 de diciembre y establece límites máximos de seis o 18 meses para la instrucción de sumarios.

Nunca antes tantas asociaciones de jueces y fiscales habían firmado un comunicado así. Al mismo tiempo, ya han firmado una carta similar más de 1.000 fiscales de un total de 2.500. El comunicado lo firman Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales.

Las asociaciones firmantes proceden de todos los espectros ideológicos. Solo se descolgó en el último momento la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura que, no obstante, hizo público ayer su propio comunicado en el que critica la norma y pide que se modifique, algo que ya no será posible en esta legislatura. Aseguran que se trata de una objeción “esencial y profunda”, que no se solventa con la entrada en vigor retrasada que piden las demás asociaciones, “sino con su revisión y cambio”. La APM ponen en duda que pueda aplicarse.